UPR Sexual Rights Database

El Estado peruano reafirma su compromiso en garantizar el derecho humano a la salud, por lo que continuará promoviendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en las niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, siguiendo la línea de la posición de Estado en el marco del Tercer Ciclo del EPU, se apoya el extremo de la recomendación relacionado a “seguir fortaleciendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual”.

El Estado a la fecha cuenta con una Política Nacional de Igualdad de Género, siendo su horizonte temporal para su implementación hasta el 2030, y cuenta con 6 objetivos prioritarios: i) Reducir la violencia hacia las mujeres; ii) Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; iii) Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones; iv) Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres; v) Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres; y, vi) Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Estos objetivos se materializan a través de 52 servicios que permiten la actuación interinstitucional de 21 entidades de la administración pública.

En relación con la recomendación 111.97, la implementación se enmarcará, por un lado, respecto de la acción estratégica de la “Mesa Temática para los Derechos de las Mujeres” del Lineamiento Estratégico N° 3 del PNDH que señala la conformación de una “mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil para analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001.” Cabe señalar que el 6 de noviembre de 2015 se declaró de interés nacional con carácter prioritario las acciones de promoción del acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, el acompañamiento psicológico y la atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 (Decreto Supremo N° 006-2015-JUS).

Noted. Those with claims that are moored on less than solid premises or are not in line with the Filipino people’s cultural values, religious beliefs, and national identity. On the latter, the GPH respects cultural rights in accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the human right to freedom of religion under Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ... Those that relate to legislative or parliamentary actions that must be informed by multi-stakeholder and multi-sector consultations, the results of which may not be aligned with the recommendations. The GPH fully respects the Filipino people’s right to participative governance as qualified by Article 21 of the UDHR and Article 25 of the ICCPR.